En una carta enviada a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, el presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, se queja de "recortes económicos importantes", que han significado el despido de trabajadores, nóminas sin pagar durante meses, la desaparición de asociaciones y el endeudamiento financiero "extremo" de la mayoría, según informa el Diario de Sevilla.

 

Ante esta situación, el CERMI, entre otros aspectos, ve peligrar la continuidad de los Centros Especiales de Empleo gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro, "empresas que en Andalucía tienen contratadas al mayor número de trabajadores con discapacidad", apunta José Manuel Porras. Según su presidente, la Junta le adeuda a estas entidades los pagos correspondientes a 2015, 2014 y el último trimestre de 2013. En este sentido, estas organizaciones también se quejan de la falta de información sobre la continuidad, los presupuestos y la regulación del resto de programas de empleo.

 

En el área de Educación, según explican desde el CERMI, la Consejería y la Agencia de Servicios Educativos "son incapaces de solucionar las trabas que los servicios jurídicos ponen para el pago del servicio de comedores de los centros de educación especial". Según Porras, "adeudan ya dos cursos escolares y no ofrecen alternativa alguna ni de pago ni de fórmulas de gestión". Asimismo, desde la organización piden la "regulación definitiva" de los centros con necesidades especiales, que llevan ya más de ocho años a la espera, según apuntan desde el CERMI Andalucía.

 

Los programas de formación, por otro lado, están "paralizados". Porras señala que desde el año 2009 el sector sufre un parón en cuanto al cobro de las subvenciones de los cursos ya desarrollados y la publicación de nuevas convocatorias.

 

En la misiva dirigida al Gobierno andaluz también se expone la situación de la atención residencial: "Llevamos más de cuatro años con los costes por plaza de los conciertos congelados y sin aprobar las guías técnicas para su funcionamiento por la falta de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales", apuntan desde el CERMI Andalucía.

 

En este sentido, Porras asegura que la organización está iniciando un proceso de diálogo con los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de agilizar la aprobación de esta ley, que autorizaría la puesta en marcha de los conciertos sociales en las contrataciones administrativas, medida que ya se lleva a cabo en otras comunidades autónomas. Este concierto social permitiría a las entidades sin ánimo de lucro tener prioridad sobre las entidades privadas a la hora de concursar en la cesión de un servicio social.

 

El presidente del CERMI Andalucía asegura que "nunca antes" se había dado este "cúmulo de problemas". Porras admite que hace escasos días se reunió con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien "se comprometió" a informar a Díaz sobre esta situación.